El Universo, Guayaquil, Domingo 06 de febrero del 2011
Fernando Gutiérrez Vera: «Las preguntas 1 y 2 implican un retroceso en derechos humanos»
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Entrevista: Defensor del Pueblo
Activista en derechos humanos por más de 45 años, Fernando Gutiérrez Vera no está en contra de que el mandatario Rafael Correa pida la opinión del pueblo para reformar la Constitución de Montecristi. Lo que el actual defensor del Pueblo objeta son las preguntas planteadas porque, a su criterio, vulneran los derechos de libertad y del debido proceso. Sin embargo, prefiere no opinar sobre la intención presidencial de reestructurar las cortes de justicia, porque se trata de un asunto más político que jurídico y, por tanto, “no corresponde a su ámbito de acción”.
La Defensoría del Pueblo objetó ante la Corte Constitucional (CC) las dos primeras preguntas del referéndum propuesto por el presidente, ¿por qué?
La posición de la Defensoría del Pueblo no es a favor ni en contra de la consulta. El presidente tiene la facultad constitucional a convocar a consulta y referéndum. Es respecto al contenido que tenemos objeciones, especialmente a las dos primeras preguntas porque son restrictivas de derechos.
¿Qué derechos se restringen en la primera pregunta?
Darle plazo a la caducidad de la prisión preventiva es una norma que hay en muchas constituciones del mundo. Sirve para evitar que una detención provisional se prolongue. En los tratados internacionales se menciona que debe ser un “plazo razonable”. Eso ya se determinó en la Constitución: seis meses para los delitos sancionados con prisión y un año para los sancionados con reclusión. Modificar los plazos o condicionarlos implica un retroceso en derechos. Y si hay restricciones, esa pregunta es inconstitucional.
El presidente argumenta que se ha abusado de esa garantía, pues hay delincuentes que no acuden a las audiencias para dilatar los procesos judiciales...
Yo no dudo de la recta intención del Presidente. Dudo de la eficacia. Retroceder en materia de derechos es excesivo. ¿Cómo se soluciona esto? Con reglas de aplicación que pueden ser incluidas en el Código de Procedimiento Penal, ya hay algunas pero quizás no son suficientes.
Pero ya existe una norma en ese Código que indica que no se deben imputar al plazo las audiencias fallidas y no se cumple...
Sí, por eso creo que la calentura no está en las sábanas. Creo que esa norma no es lo suficientemente contundente...
¿Qué objeta de la pregunta 2?
Esto es más serio. La Constitución actual señala que la excepción a la regla es ser privado de la libertad, porque es un bien sagrado. Para garantizarlo, se fijan alternativas para evitar que el procesado se fugue o cometa más delitos, como arresto domiciliario, vigilancia policial y otros. La pregunta, en cambio, plantea convertir las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en excepcionales. Es decir, que se ordene la prisión y solo se apliquen esas medidas a casos especiales. Eso es claramente una restricción de derechos ciudadanos.
Correa ha dicho que esas medidas benefician a criminales...
Como ya le dije, la calentura no está en las sábanas. Si se amplían los plazos para la prisión preventiva o dejan de aplicarse las medidas alternativas, habrá más gente en las cárceles, pero eso no suprime la comisión de delitos porque los delincuentes siguen, como ya se sabe, operando desde ellas. Estadísticamente, solo el 6% de las personas que han sido liberadas han vuelto a cometer delitos. Al contrario, preguntemos cuántos inocentes están en las cárceles. Recordemos que el Gobierno inició una campaña para dotar de abogados a los encarcelados. Aquí hay una contradicción. De las 10.900 personas, a las que muchos han llamado delincuentes, a los que la Defensoría Pública ayudó a liberar, por lo menos el 70% eran personas inocentes. Su delito fue la pobreza, no tenían para un abogado.
La Defensoría no cuestiona las últimas preguntas que se refieren a la integración del Consejo de la Judicatura, ¿por qué?
Esas preguntas tienen componentes políticos, van más allá del tema de derechos. Por eso preferimos no abordarlas, para evitar que se diga que estamos en una posición inadecuada...
¿Inadecuada por qué? La justicia es un tema estrechamente ligado a la protección de los derechos. Si hay interferencia política en ella, puede ser usada para la persecución...
Esas preguntas se refieren a la estructura del Estado y son temas que ya no nos competen. Pudiera ser que toquen derechos, pero apuntan a reformar la organización del poder...
Pero las violaciones de derechos desde los estamentos de poder han sido comunes, frecuentes en el país.
Puede ser que sí y puede ser que no. Ahora, es evidente la quiebra de la administración de justicia. Correa está haciendo una propuesta política que va más allá de lo jurídico.
¿Cree que al introducir delegados de otras funciones en el Consejo de la Judicatura hay una intromisión en la justicia?
Yo tengo una opinión personal sobre ese tema, pero ahora estoy hablando como defensor del Pueblo. Debo sujetarme a los límites que tengo, no quiero invadir otros campos...
El presidente Correa ha admitido que está “metiéndole mano” a la justicia. León Febres-Cordero, a quien usted criticó por sus excesos con los grupos subversivos, rodeó de tanques una Corte Suprema que no le gustaba. ¿Qué diferencia hay entre una intromisión y otra?
La diferencia está en que lo de Febres-Cordero fue un acto de autoritarismo y aquí se está consultando al pueblo. Y esa consulta genera lo que se llama en derecho constitucional el poder constituyente originario. Aquí, quien decide, incluso equivocándose, como probablemente suceda, será el pueblo. Yo puedo estar en desacuerdo con el contenido de la consulta, pero no objeto su legitimidad democrática.
Pero en las consultas la gente vota según su aprecio por el mandatario de turno. Difícilmente se entera del contenido, mucho más si es extenso, como los anexos de la pregunta 5... Entonces ahí el ejercicio democrático puede convertirse en una manipulación...
Yo he exhortado a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral a que abran un debate, que proporcionen el espacio para que todos opinen, a favor o en contra. El ciudadano tiene el derecho a enterarse por qué va a votar. Tiene usted toda la razón en dudar. No sé cómo van a entrar esas preguntas en la papeleta.
Su presencia en la CC para objetar la consulta sorprendió a muchos porque la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado de forma enérgica en otros casos de excesos de este Gobierno. Los más recientes son las detenciones de policías procesados por el 30-S y el dirigente indígena Pepe Acacho...
No es que no ha habido sino que la prensa no los ha reflejado. Acabo de enviar al asambleísta Andrés Páez (ID) un paquete de documentos con todas nuestras intervenciones en varios temas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, en visitas a cárceles tenemos un plan sistemático, no para ver si están sucias, sino que seguimos un manual de cumplimiento de los derechos de los detenidos... Nos hemos pronunciado abundantemente en contra de la criminalización de la protesta social, con el caso de Acacho... Hemos enviado observaciones sobre el trato a refugiados a ministros y al propio presidente. Pero mi estilo es no hacer escándalo.
A Correa no le gusta que lo contradigan, ¿su alegato contra las preguntas podría causarle problemas políticos?
El riesgo real que correría es tener problemas con mi conciencia. Yo no aspiro más que a tener el respeto de la gente. ¿Qué riesgo puedo correr? ¿No ser reelegido? ¿Que me digan traidor? Si me aparto de mi proyecto de vida cometeré la peor de las traiciones.
¿Se postulará para el cargo de defensor en el Consejo de Participación Ciudadana?
Aún no lo sé. Depende de muchos temas familiares. Y extraño la cátedra.
Perfil: Fernando Gutiérrez
Edad
68 años.
Profesión
Doctor en Jurisprudencia.
Cargo actual
Defensor del Pueblo.
Funciones anteriores
Fue director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil.
La Defensoría del Pueblo objetó ante la Corte Constitucional (CC) las dos primeras preguntas del referéndum propuesto por el presidente, ¿por qué?
La posición de la Defensoría del Pueblo no es a favor ni en contra de la consulta. El presidente tiene la facultad constitucional a convocar a consulta y referéndum. Es respecto al contenido que tenemos objeciones, especialmente a las dos primeras preguntas porque son restrictivas de derechos.
¿Qué derechos se restringen en la primera pregunta?
Darle plazo a la caducidad de la prisión preventiva es una norma que hay en muchas constituciones del mundo. Sirve para evitar que una detención provisional se prolongue. En los tratados internacionales se menciona que debe ser un “plazo razonable”. Eso ya se determinó en la Constitución: seis meses para los delitos sancionados con prisión y un año para los sancionados con reclusión. Modificar los plazos o condicionarlos implica un retroceso en derechos. Y si hay restricciones, esa pregunta es inconstitucional.
El presidente argumenta que se ha abusado de esa garantía, pues hay delincuentes que no acuden a las audiencias para dilatar los procesos judiciales...
Yo no dudo de la recta intención del Presidente. Dudo de la eficacia. Retroceder en materia de derechos es excesivo. ¿Cómo se soluciona esto? Con reglas de aplicación que pueden ser incluidas en el Código de Procedimiento Penal, ya hay algunas pero quizás no son suficientes.
Pero ya existe una norma en ese Código que indica que no se deben imputar al plazo las audiencias fallidas y no se cumple...
Sí, por eso creo que la calentura no está en las sábanas. Creo que esa norma no es lo suficientemente contundente...
¿Qué objeta de la pregunta 2?
Esto es más serio. La Constitución actual señala que la excepción a la regla es ser privado de la libertad, porque es un bien sagrado. Para garantizarlo, se fijan alternativas para evitar que el procesado se fugue o cometa más delitos, como arresto domiciliario, vigilancia policial y otros. La pregunta, en cambio, plantea convertir las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en excepcionales. Es decir, que se ordene la prisión y solo se apliquen esas medidas a casos especiales. Eso es claramente una restricción de derechos ciudadanos.
Correa ha dicho que esas medidas benefician a criminales...
Como ya le dije, la calentura no está en las sábanas. Si se amplían los plazos para la prisión preventiva o dejan de aplicarse las medidas alternativas, habrá más gente en las cárceles, pero eso no suprime la comisión de delitos porque los delincuentes siguen, como ya se sabe, operando desde ellas. Estadísticamente, solo el 6% de las personas que han sido liberadas han vuelto a cometer delitos. Al contrario, preguntemos cuántos inocentes están en las cárceles. Recordemos que el Gobierno inició una campaña para dotar de abogados a los encarcelados. Aquí hay una contradicción. De las 10.900 personas, a las que muchos han llamado delincuentes, a los que la Defensoría Pública ayudó a liberar, por lo menos el 70% eran personas inocentes. Su delito fue la pobreza, no tenían para un abogado.
La Defensoría no cuestiona las últimas preguntas que se refieren a la integración del Consejo de la Judicatura, ¿por qué?
Esas preguntas tienen componentes políticos, van más allá del tema de derechos. Por eso preferimos no abordarlas, para evitar que se diga que estamos en una posición inadecuada...
¿Inadecuada por qué? La justicia es un tema estrechamente ligado a la protección de los derechos. Si hay interferencia política en ella, puede ser usada para la persecución...
Esas preguntas se refieren a la estructura del Estado y son temas que ya no nos competen. Pudiera ser que toquen derechos, pero apuntan a reformar la organización del poder...
Pero las violaciones de derechos desde los estamentos de poder han sido comunes, frecuentes en el país.
Puede ser que sí y puede ser que no. Ahora, es evidente la quiebra de la administración de justicia. Correa está haciendo una propuesta política que va más allá de lo jurídico.
¿Cree que al introducir delegados de otras funciones en el Consejo de la Judicatura hay una intromisión en la justicia?
Yo tengo una opinión personal sobre ese tema, pero ahora estoy hablando como defensor del Pueblo. Debo sujetarme a los límites que tengo, no quiero invadir otros campos...
El presidente Correa ha admitido que está “metiéndole mano” a la justicia. León Febres-Cordero, a quien usted criticó por sus excesos con los grupos subversivos, rodeó de tanques una Corte Suprema que no le gustaba. ¿Qué diferencia hay entre una intromisión y otra?
La diferencia está en que lo de Febres-Cordero fue un acto de autoritarismo y aquí se está consultando al pueblo. Y esa consulta genera lo que se llama en derecho constitucional el poder constituyente originario. Aquí, quien decide, incluso equivocándose, como probablemente suceda, será el pueblo. Yo puedo estar en desacuerdo con el contenido de la consulta, pero no objeto su legitimidad democrática.
Pero en las consultas la gente vota según su aprecio por el mandatario de turno. Difícilmente se entera del contenido, mucho más si es extenso, como los anexos de la pregunta 5... Entonces ahí el ejercicio democrático puede convertirse en una manipulación...
Yo he exhortado a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral a que abran un debate, que proporcionen el espacio para que todos opinen, a favor o en contra. El ciudadano tiene el derecho a enterarse por qué va a votar. Tiene usted toda la razón en dudar. No sé cómo van a entrar esas preguntas en la papeleta.
Su presencia en la CC para objetar la consulta sorprendió a muchos porque la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado de forma enérgica en otros casos de excesos de este Gobierno. Los más recientes son las detenciones de policías procesados por el 30-S y el dirigente indígena Pepe Acacho...
No es que no ha habido sino que la prensa no los ha reflejado. Acabo de enviar al asambleísta Andrés Páez (ID) un paquete de documentos con todas nuestras intervenciones en varios temas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, en visitas a cárceles tenemos un plan sistemático, no para ver si están sucias, sino que seguimos un manual de cumplimiento de los derechos de los detenidos... Nos hemos pronunciado abundantemente en contra de la criminalización de la protesta social, con el caso de Acacho... Hemos enviado observaciones sobre el trato a refugiados a ministros y al propio presidente. Pero mi estilo es no hacer escándalo.
A Correa no le gusta que lo contradigan, ¿su alegato contra las preguntas podría causarle problemas políticos?
El riesgo real que correría es tener problemas con mi conciencia. Yo no aspiro más que a tener el respeto de la gente. ¿Qué riesgo puedo correr? ¿No ser reelegido? ¿Que me digan traidor? Si me aparto de mi proyecto de vida cometeré la peor de las traiciones.
¿Se postulará para el cargo de defensor en el Consejo de Participación Ciudadana?
Aún no lo sé. Depende de muchos temas familiares. Y extraño la cátedra.
Perfil: Fernando Gutiérrez
Edad
68 años.
Profesión
Doctor en Jurisprudencia.
Cargo actual
Defensor del Pueblo.
Funciones anteriores
Fue director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil.
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