Por la defensa de la Constitución de Montecristi

En defensa de la Constitución de Montecristi ...











viernes, 11 de marzo de 2011

MONTECRISTI VIVE: La izquierda sin Correa, tras las huellas de su identidad‏

Diario Expreso, Sábado, 05 de Marzo de 2011 - 19:32

Redacción Expreso

La visita del grupo de izquierda a montecristi estuvo cargada de simbolismos

La izquierda sin Correa, tras las huellas de su identidad

Alberto Acosta, Betty Amores, Gustavo Darquea, Manuela Gallegos, Pedro Morales y Fernando Vega han salido en defensa de la Constitución Política del Estado redactada en la Asamblea Constituyente

Roberto Aguilar
Para EXPRESO
 
Llegaron a Montecristi en busca del tiempo perdido. Quisieron que su visita al lugar donde nació la Constitución estuviera cargada de simbolismos, así que empezaron por peregrinar a la tumba de Alfaro. Al interior del mausoleo en forma de dudosa vasija de barro puesta de cabeza, ante las cenizas del Viejo Luchador o la mitad de ellas –o quizá nada en absoluto, porque el traslado de esos restos desde Guayaquil, hace tres años, estuvo vedado para la ciencia forense y nunca se supo con certeza qué fue lo que hallaron en el cementerio– juraron fidelidad a sus principios.
Fue el primer acto oficial del Frente Montecristi Vive: Alberto Acosta, Betty Amores, Gustavo Darquea, Manuela Gallegos, Pedro Morales y Fernando Vega, izquierdista de toda la vida, exconstituyentes o miembros del grupo original que en el año 2006 conformó Alianza PAIS en torno a la figura electoral de Rafael Correa, han salido en defensa de la Constitución que redactaron y hoy ven amenazada por una consulta popular que consideran diseñada “para restringir derechos e invadir funciones”.
Enfrentados a un enemigo que reconocen superior en fuerzas, han optado por la más clásica de las estrategias: guerra de guerrillas. Alberto Acosta, que en su momento se ganó el mote de maestro senséi por su adscripción a la doctrina del Tao, recurre a Sun Tzu para arengar a sus compañeros: tenemos que ser como el agua, les dice con su serenidad proverbial, que se adapta y acomoda a las anfractuosidades del terreno y lentamente las ocupa hasta cubrirlas.
En sus circunstancias eso implica renunciar a los actos de masas, en los que Correa resulta imbatible, y concentrarse en lo que mejor saben: “caminar y conversar”. Ir a donde los inviten. Lo del teatro municipal Víctor Véliz, en la plaza central de Montecristi, donde presentaron su frente político ante un centenar de partidarios y repartieron un manifiesto a los periodistas, fue menos un mitin que una rueda de prensa. Luego cubrieron una agenda de entrevistas en los medios locales de Manta y Portoviejo. Repetirán la experiencia en otras provincias pero lo harán por separado, como mandan los cánones de la lucha guerrillera, para no concentrar innecesariamente los esfuerzos. También porque no tienen financistas que les costeen las giras, como resulta evidente para quien los vea llevarse la mano a los bolsillos a la hora de pagar las cuentas, las habitaciones de hotel, las comidas.
Así aspiran a contener la avalancha de votos por el Sí que las encuestas, hasta el momento, dan a entender como inevitable. En esta tarea autoimpuesta, la superioridad del enemigo es acaso el menor de sus problemas, si se lo compara con la pérdida de identidad que supuso para la tendencia su compromiso con un gobierno que se la sacó de encima. Se sienten traicionados y obligados a reconstruir lo que queda de la izquierda a partir de los pedazos que la revolución ciudadana ha ido dejando en el camino.
Es empezar todo de nuevo, como Sísifo. Es algo que les cuesta trabajo admitir pero, a la hora de la cena, entre el cansancio de la jornada y la carga de recuerdos y sensaciones encontradas que les produjo su regreso a Montecristi, levantan sus vasos de cerveza y brindan “por la lucha que recomienza”. Y pasan sin solución de continuidad de la introspección a la euforia. Se ríen, pero sufren y se azotan recordando: “Qué ciegos fuimos”, “qué brutos”, “qué ingenuos”. Les queda la satisfacción de haberse mantenido fieles a los ideales que se propusieron defender en un principio, pero el mal sabor de boca no se los quita nadie. Barajan anécdotas y vivencias y tratan de responder a la pregunta que los acosa: ¿en qué momento se echó todo a perder? Sus respuestas van componiendo una historia criolla de la infamia, una crónica de la crisis de valores de la revolución ciudadana.
Julio de 2008. La Constitución estaba lista; Alberto Acosta había quedado fuera del camino y Alexis Mera era la cabeza visible de la operación política gubernamental. En la Constituyente se había dado el primer intento del Ejecutivo por echarle mano a la Función Judicial. César Rodríguez, recuerdan, hizo incluso circular una lista con los nombres de los jueces que se debía nombrar. Fernando Vega había visto demasiado como para no sentir desengaño. Ahora pasa revista a los mandatos surgidos de la Constituyente y sentencia con humor: “Nos faltó uno: el mandato a la mierda”.
Enero de 2009. Como responsable político de PAIS en la provincia del Guayas, Gustavo Darquea coordina el proceso de elecciones primarias para las municipales. Fue testigo impotente de esa farsa en que las decisiones de la mayoría terminaron en el tarro de basura y Pierina Correa, en ese entonces todavía gran hermana, impuso a los candidatos que quiso: en Playas, en Pedro Carbo, en Salitre…
Noviembre de 2010. La convención de PAIS es, para muchos, el último intento por salvar los muebles. Depositan su esperanza en Ricardo Patiño, a quien estiman como persona de mente abierta con quien todavía se puede dialogar. Lo quieren confirmar en la dirección nacional del movimiento pero, para entonces, su caída en desgracia es ya inevitable ante el imparable ascenso de Doris Soliz hacia la cima de las instancias de decisión política. Correa pide (¿ordena?) a Patiño, su amigo íntimo, que se quite de en medio. Al final impone una lista única, con Galo Mora a la cabeza, que resulta electa por aclamación. Cuentan que, cuando la gente de Ruptura 25 salió del movimiento, Patiño les llamó para pedirles que se quedaran, que siguieran luchando desde adentro. Se le rieron: “Otro ingenuo que cree que sigue adentro”.
Estas historias las guardan en su corazón, pero se cuidan de no comentarlas cuando acuden a las radios y a las televisoras locales. Ahí se concentran en aquello que les une: la Constitución de Montecristi, que se han propuesto defender; las preguntas de la consulta, que proponen debatir y diseccionar hasta el agotamiento. Les escandaliza e indigna la declaración que el mes pasado hizo Rafael Correa en Molleturo, provincia del Azuay, y que Acosta no se cansa de repetir a donde va. En esa ocasión el Presidente pidió a las gentes que voten por el Sí, primero, y luego, si quieren, que discutan las preguntas. Ellos no se proclaman en campaña por el No –de esta manera marcan distancia con la derecha– sino a favor del debate. Han comprendido, y Fernando Vega lo dice claramente, que la única identidad posible de la nueva izquierda ha de buscarse en la democracia. Ese espíritu es el que se encuentra recogido en su manifiesto, una creación colectiva a la que todavía en el acto de lanzamiento daban los últimos retoques.
Al día siguiente madrugan para acudir a los estudios de radio Sucre de Portoviejo. Robert Cedeño y Kavir Briones son los experimentados conductores del programa ‘Con usted’, donde la consigna “Prohibido estar trompudo”, colgada en el vidrio de la cabina de sonido, se cumple al pie de la letra. Son lo bastante enterados como para plantear las preguntas precisas, tienen la dosis de humor necesaria para evitar que hasta los temas jurídicos deriven hacia territorios demasiado espesos.
Por primera vez Acosta, Amores, Darquea, Gallegos, Morales y Vega contestan juntos una entrevista. El resultado sorprende a todos. Los periodistas han querido analizar una por una las diez preguntas de la consulta: saben que es precisamente lo que su público quiere escuchar. Los reportes de sintonía, en este programa acostumbrado a tenerlos altos, se disparan hasta límites insospechados. Hay llamadas desde todos los puntos de la provincia. En Rocafuerte se han reunido decenas de personas en torno a un automóvil que, con las puertas abiertas y la radio a todo volumen, se ha estacionado a un costado de la plaza central. Tras dos horas y cuarto de debate, que en la mayoría de los casos consiste en analizar las razones para el No, Cedeño y Briones deciden extenderse quince minutos más, hasta las 09:30. A punto de cumplirse ese plazo, entra un empleado de la radio con un papelito: “Nos vamos hasta las diez”.
A la salida, los seis integrantes del Frente Montecristi Vive lucen exultantes, con el optimismo renovado. Lo que acaba de ocurrir es para ellos la demostración de que el debate de ideas es el camino correcto, la prueba de que la gente está ávida de escuchar razones. Quizá, piensa Alberto Acosta para su fuero interno, el agua de Sun Tzu alcance a inundar las grietas dejadas por Correa en el terreno de la opinión pública. Quizá esto pueda ocurrir hasta el 7 de mayo.

jueves, 3 de marzo de 2011

MONTECRISTI VIVE: Mantengamos con vida la Constitución de Montecristi‏

Mantengamos con vida la Constitución de Montecristi
 
El Ecuador es y merece ser un Estado Constitucional de derechos y justicia
 
Cuál es nuestro punto de partida
 
La Constitución del 2008 es la más garantista y democrática de toda la historia. En sí, esta Constitución es un proyecto de vida en común, que debe materializarse sobre bases de libertad, igualdad y equidades, en armonía con la Naturaleza, para construir el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
 
Nuestra Constitución asume como un mandato el reconocimiento, la ampliación y la garantía de los derechos de los pueblos, de las personas y de la Naturaleza. El Estado, para cumplir sus fines, debe favorecer una auténtica democracia deliberativa, que requiere una real y creciente participación ciudadana, así como una permanente movilización social.
 
La consulta popular y el referéndum son, entonces, una gran oportunidad para decidir sobre temas fundamentales que perfeccionen la vida del Estado constitucional de derechos y justicia.
 
Qué nos preocupa
 
Advertimos con profunda preocupación la creciente inseguridad y la grave crisis de la administración de justicia.
 
Nos preocupan también las propuestas y acciones que restringen, limitan o eliminan el ejercicio de derechos fundamentales. Nos parece Intolerable recurrir a las figuras de terrorismo y sabotaje para reprimir las luchas sociales, entre ellas las de defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo.
 
Nos inquieta también que se convoque al pueblo para que, en uso de su derecho, se dé paso a decisiones contrarias al espíritu, los principios y las normas de nuestra Constitución, aprobada en referéndum por la gran mayoría del mismo pueblo el 28 de septiembre del 2008.
 
No aceptamos aquellas presiones, hostilidades y descalificaciones a las personas, que impiden la discusión y el libre intercambio de ideas. Si no hay igualdad de condiciones en quienes participan en el debate, si la información no es auténtica ni completa, si las prácticas políticas se fundamentan en el temor institucionalizado, nunca construiremos una verdadera democracia. Cualquier restricción a la crítica es el fin del debate público, es el fin de la democracia y es el fin de toda transformación.
 
Algunos planteamientos del referéndum y de la consulta popular pueden implicar más autoritarismo, más concentración del poder, sobre todo si se reduce la independencia y la autonomía de la función judicial.  “El meter las manos a la justicia” aumentará el poder del ejecutivo, lo cual evitará que se administre justicia cuando los gobernantes violen los derechos humanos e incluso censuren la libertad de expresión.
 
Frente a la inseguridad y la injusticia reinantes
 
La crisis de la justicia no se resuelve con la intromisión del poder ejecutivo y legislativo en la función judicial. La justicia no se construye afectando principios constitucionales fundamentales, como la independencia y autonomía de la función judicial.
 
La seguridad no se conseguirá a costa de sacrificar derechos fundamentales. Jamás se podrá conseguir una genuina seguridad sin equidades e igualdad, y menos aún sacrificando la libertad.
 
Querer resolver ineficiencias y corrupciones violentando las instituciones y los principios constitucionales NO es admisible. Las soluciones puntuales, coyunturales, apresuradas, aparentemente pragmáticas pero excluyentes, comprometen los frutos maduros de un proyecto a largo plazo.
 
Qué proponemos
 
Apoyamos una profunda transformación del sistema de justicia, lo cual involucra el respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y los postulados del Código Orgánico de la Función Judicial. Para ello es indispensable hacer realidad lo que disponen los artículos 22 y 23 del régimen de transición previsto en la Constitución, es decir respetando el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En paralelo será indispensable dar paso a un cambio profundo de los modelos de gestión procesal y a una restructuración integral del sistema de justicia.
 
Un Estado constitucional de derechos sólo se consolida con el tiempo, avanzando paso a paso, en procesos incluyentes, respetando sus principios fundacionales. Las consultas populares y los referéndums deben representar la culminación de procesos democráticos y servir, cuando sea del caso, para perfeccionar realmente la Constitución, no para restringir derechos o invadir funciones.
 
Una estrategia eficiente para garantizar seguridad ciudadana implica profundizar todas las opciones democráticas orientadas a erradicar la pobreza, la falta de empleo como parte de las causas estructurales de la violencia. Es indispensable también que toda la sociedad se comprometa en la formulación de verdaderas políticas de seguridad en base a los principios de participación, prevención de delitos, reparación a las víctimas y un vigoroso derecho penal mínimo.
 
El reto es mejorar la institucionalidad del Estado, asegurando la independencia y autonomía de las diversas funciones, fortaleciendo simultáneamente el poder de la participación ciudadana, tal como manda la Constitución.
 
Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía, particularmente a la que aprobó en las urnas la Constitución de Montecristi, a la defensa de sus principios fundamentales. Antes de asumir una posición en el referéndum y la consulta popular debatamos su contenido y sus alcances. No hay disyuntiva entre libertad y seguridad, entre eficiencia y democracia. Definitivamente nos merecemos todo. Siempre más democracia, nunca menos.-
 
 
Montecristi, 1 de marzo del 2011

martes, 1 de marzo de 2011

MONTECRISTI VIVE: En Manabí exasambleístas de Alianza País lanzan el movimiento 'Montecristi Vive'

En Manabí exasambleístas de Alianza País lanzan el movimiento 'Montecristi Vive' 

http://www.ecuavisa.com/noticias-nacionales/34218-en-manabi-exasambleistas-de-alianza-pais-lanzan-el-movimiento-montecristi-vive.html 
 
Martes 01 de Marzo de 2011 19:35

Exasambleístas del movimiento País, encabezados por Alberto Acosta y Betty Amores, lanzaron este martes en Montecristi, provincia de Manabí, el frente denominado 'Montecristi Vive', que se opone a la consulta popular planteada por el Gobierno.

Un homenaje al general Eloy Alfaro, con la colocación de una ofrenda floral en su mausoleo en Montecristi, antecedió al lanzamiento oficial del frente 'Montecristi Vive'.
En el Municipio del cantón manabita ante poco más de 100 personas, exlegisladores como Fernando Vega, Betty Amores y Gustavo Darquea, expusieron que la finalidad de su agrupación es defender la Constitución elaborada en Montecristi y confirmaron que no apoyan la consulta popular.
El acto concluyó con un conversatorio con los asistentes.

MONTECRISTI VIVE: Consulta Popular o la tentación del poder, por Leonardo Ogaz Arce‏

01-03-2011
Consulta Popular o la tentación del poder



Una vez ratificado el referéndum-consulta popular por el tribunal constitucional, el escenario político del próximo futuro del Ecuador estará copado por la campaña electoral donde se confrontará el Sí gubernamental en contra del No oposicionista.

El referéndum-consulta tiene como eje fundamental el problema del poder en el ámbito de la justicia. Este referéndum contiene 5 preguntas para modificar la constitución y 5 preguntas de consulta general. Su constitucionalidad es bastante discutible, pero no vale extenderse más en esto, puesto que el fallo del tribunal que perfeccionó las preguntas es inapelable.

¿Qué es lo que provocó esta nueva contienda?
Primero un problema real, objetivo, el país está, de alguna manera, tomado por la delincuencia y la justicia se ha mostrado inoperante y corrupta. Además los nuevos mecanismos constitucionales se han demostrado absolutamente lentos e ineficaces para resolver los problemas judiciales. Es aquí donde surge la tentación del poder. El gobierno decide intervenir en el poder judicial para modificar las condiciones de operación en esta esfera. Esto claramente atenta contra la independencia de los poderes consagrada en la actual Constitución, lo cual constituye un atentado, no menor, al derecho liberal burgués en que se sustenta la misma. Pero en realidad el problema principal no es el de la juricidad en abstracto sino el problema político. La cuestión de fondo radica en que el gobierno quiere más poder para combatir un problema complejo y estructural. Un régimen presidencialista que ya concentra cuotas importantísimas de poder, quiere más poder.

La segunda razón tiene que ver con el tipo de apoyos en que se sustenta el gobierno, que si bien cuenta todavía, de acuerdo con las encuestas, con un amplio respaldo, este sostén es del tipo electoral populista, no se sustenta en una organización popular o en una movilización de sectores con conciencia de sí, lo cual lo pone en una situación de fragilidad constante, para combatir esta debilidad necesita reafirmarse permanentemente en las urnas.

Es evidente que otorgarle más poder a este gobierno, es un peligro enorme, existe el temor fundado que se acentúe las tendencias autoritarias cada vez más pronunciadas que ha ido tomando la acción gubernativa.

A lo anterior es necesario sumar el inocultable giro derechista que ha ido tomando la acción gubernamental, incluso el propio referéndum recoge tesis socialcristianas para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana.

De parte del movimiento indígena existe una clara decisión de jugarse entero por el No en este referéndum-consulta y tienen poderosas razones para ello, existen 200 dirigentes de los pueblos originarios con juicios por terrorismo. Esto fue el resultado de la lucha en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo minero. Esta tendencia a judicializar la protesta social es marcada y rotunda de parte del gobierno.

El gobierno ya ha tenido un costo político importante al convocar a este referéndum- consulta, una parte relativamente importante de sus aliados se ha retirado del movimiento político gobernante, es el caso de Ruptura de los 25, también una diputada, Betty Amores, ha renunciado al bloque parlamentario oficial y un importante dirigente de Alianza País de la provincia de Guayaquil, Gustavo Darquea, siguió el camino de la desafiliación del movimiento oficialista. Junto a esto la mencionada convocatoria logró consolidar el distanciamiento de otros importantes dirigentes que ya se habían retirado antes como es el caso de Alberto Acosta, Manuela Gallegos y Gustavo Larrea entre otros.

A pesar de lo anterior y de acuerdo a las primeras estimaciones el gobierno podría ganar el referéndum-consulta, pero de alguna manera y en alguna forma la Constitución recientemente aprobada quedaría con menor legitimidad, ya que reformar una constitución a poco más de dos años no es una buena señal de la validez de la misma.

Tanto la oposición de derecha como la de izquierda se han pronunciado por el No y están tratando de hacer de este referéndum-consulta no tanto un debate en torno a los problemas específicos planteados, como un pronunciamiento sobre el conjunto de la gestión gubernativa. Se está a favor del gobierno o se está en contra.
No obstante también existen sectores que buscan generar un amplio debate sobre los derechos, la defensa de la constitución y otros temas que contribuya al desarrollo de una cultura política que logre elevar los niveles existentes. Que es caso del grupo que lidera Alberto Acosta.

Para la izquierda hay una cuestión que es clave, diferenciarse claramente de la vieja derecha oposicionista.
En las preguntas de la consulta propiamente dicha, es decir, no en el referéndum, existen por lo menos dos temas que podrían hacer pensar en una respuesta positiva, una es la pregunta que tiene que ver con el maltrato a los animales por diversión y la otra que dice relación con aplicar sanciones a los patronos que no pagan el seguro social. El responder afirmativamente estas preguntas permitiría diferenciarse de la oposición derechista.

Una victoria del Sí en la pregunta sobre los espectáculos sangrientos donde se tortura animales posibilitaría hacer una ley que sancione la muerte y el maltrato de estos por diversión, esto afectaría sobre todo a las corridas de toros y a las peleas de gallos; en el caso de las corridas de toros también se argumenta que sería una forma de romper con la matriz cultural del colonialismo.

El votar por estas dos preguntas Sí y las ocho restantes No, sería para la izquierda una buena manera de diferenciarse de la oposición derechista desde la defensa de los intereses de los trabajadores por una parte, y por otra parte, en el caso del maltrato animal se fortalecería el respeto a la naturaleza consagrado en la Constitución y sería un respaldo a las movilizaciones de la juventud rockera anti taurina.

Hay quienes alegan que lo del seguro social está en la Constitución, lo cual es cierto, pero un voto Sí, sin duda reforzaría la disposición constitucional, permitiendo además hacer una ley específica que sancione a aquellos patronos que dejan a los trabajadores sin protección social y le niegan una vejez digna.

MONTECRISTI VIVE: Nadie gana todos perdemos, por Carlos Castro Riera‏

Nadie gana todos perdemos
 
Carlos Castro Riera
Diario El Mercurio de Cuenca, 1 de marzo del 2011
 
La Corte Constitucional,  ha dado luz verde para realizar el referendo y la consulta popular. Lo ha hecho dando una “mano de gato” de constitucionalidad, pero en esencia la inconstitucionalidad persiste, ya que algunas de las llamadas enmiendas constitucionales tienen por objeto y efecto restringir derechos y garantías,  alteran la estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del Estado,  y aquello solo puede tramitarse a través de una Asamblea Constituyente.
 
Curioso resulta que habiendo solicitado el Presidente de la República a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre “cuál de los procedimientos determinados por la ley es el que corresponde aplicar, así como para que emita la sentencia correspondiente respecto de la constitucionalidad de la convocatoria a referendo, y sobre la constitucionalidad de las preguntas a efectuarse junto con los respectivos considerandos”, la Corte al momento de resolver propone la modificación de las preguntas.
 
Entramos a una coyuntura política donde lo que está en juego es el proyecto político que proclama la Constitución y la democracia, y aquello es diferente a apoyar o no al gobierno. En el régimen existen algunas tenencias y es  la neoderecha enquistada la que acecha los logros y avances progresistas.
 
La Constitución se ha vuelto un estorbo, para las tendencias autoritarias del poder político, la división del poder y la consecuente separación de funciones, esencia de la organización republicana y democrática del Estado, choca con  afanes concentradores de poder.
 
Todo podría quedar finalmente  en manos de un Fiscal de Fiscales de un Juez de Jueces, de un “yo supremo”, trino y uno, que califica y descalifica, a cada uno de los servidores judiciales.
Lesionado el principio esencial del Estado Constitucional como es la división de poderes, y amenazada la independencia de la función judicial, la institucionalidad democrática establecida en la Constitución se puede desvanecer muy pronto y la desinstitucionalización del país se advierte en el horizonte.
 
Al margen de los resultados de la consulta y el referendo, tendremos un país más dividido, con un torrente acumulado de pasiones y la política cambiará de escenario y propósitos para la mayoría y minoría modificadas numéricamente. Los grandes problemas y  nudos políticos del país quedarán pendientes, ya que éstos para resolverse demandan consensos y no ahondamiento de  disensos.
 
Nadie ganará y todos perderemos en un país que nuevamente  entra en la senda de la desilusión, la desesperanza, la sensación de que una vez más otra Constitución naufraga y con ello el cambio, en esta vez, a escasos dos años y meses de su vigencia, naufragio parecido al que sucedió con la Constitución de 1945.
 
Estamos viviendo el desenlace del proceso de desvinculación del poder político del movimiento constituyente que culminó con la aprobación de la Constitución,  circunstancia que influirá en lo inmediato en los resultados de la consulta y decisivamente en el futuro mediato del Ecuador
 
El país podría perder una oportunidad histórica para generar una nueva institucionalidad democrática basada en el respeto irrestricto a la Constitución cuyo programa económico, social y político proponía un orden basado en más equidad, donde nunca más existan dueños del país y de la justicia.
 
La derecha política no pudo avanzar en su estrategia desde fuera del gobierno, pero al parecer si pudo desde dentro.
 
 

lunes, 28 de febrero de 2011

MONTECRISTI VIVE: ¿Quién realmente lucra de la revolución ciudadana?, por Juan Cuvi‏

¿Quién realmente lucra de la revolución ciudadana?[1]
 
Juan Cuvi[2]
 
 
¿Dónde está el poder?
 
            Bob Woorward, uno de los dos periodistas que destaparon el célebre escándalo de Watergate a inicios de los años 70, acaba de publicar un libro[3] sobre la estructura de gobierno en los Estados Unidos. Concluye que quien realmente tiene las riendas del poder en ese país es el complejo militar-industrial, es decir, el Pentágono y los grandes fabricantes de armamentos. Ni la popularidad de Obama, ni su imagen contestataria, ni las expectativas mundiales generadas por su discurso tienen la posibilidad de alterar esta complicada urdimbre.
 
            ¿Por qué un país con una trayectoria civilista incuestionable, con una institucionalidad liberal sólida y con una cultura de los derechos individuales tan arraigada termina sometido a una lógica de poder basada en el más autoritario de los corporativismos? La única explicación posible es que las razones de Estado acaban imponiéndose sobre las razones de la sociedad. La dinámica imperial ha creado el imaginario de un paradigma democrático que debe ser preservado a toda costa. La protección del sistema se convierte así en una responsabilidad sagrada, cuyo cuidado debe ser encomendado a quienes tienen la máxima capacidad para hacerlo: las fuerzas armadas.
            Esta idea de una sociedad necesitada de la tutela de las instituciones públicas que, como lo vemos, logra imponerse hasta en países con una fuerte ciudadanización, parece determinar la orientación de los sistemas políticos en aquellas regiones donde se han oficializado las democracias liberales. Y debido a la creciente complejidad que asumen los Estados, hay una marcada tendencia a delegar este tutelaje a las instituciones con mayor cohesión y solidez, o a aquellas que poseen condiciones más operativas para ejercer y aplicar el poder.
 
             En el caso ecuatoriano, la crónica desintitucionalización que padecemos, sumada a la tradición militarista de la política, vuelve a este tutelaje más desembozado, reiterativo y, lo que es peor, más aceptado. La condescendencia con las intervenciones militares no ha tenido ni orientación ideológica, ni filiación política, ni adhesión de clase. Todos los sectores políticos y sociales, indistintamente, la han aprobado o rechazado en su momento, en función de lo que consideran una defensa o una afectación de sus intereses.
 
            El proyecto político de Alianza País tampoco ha logrado escapar a esta fatalidad, tal como quedó evidenciado el 30S. No solo que las Fuerzas Armadas siguen actuando como dirimentes de última instancia en los momentos en que la conflictividad social o política se desborda, sino que asumen frontalmente el rol de garantes y protectores de la democracia. El estado de excepción decretado, los tanque en las calles, el resguardo de la Asamblea Nacional, y el decisivo involucramiento militar en el ámbito de la seguridad ciudadana así lo confirman (esto sin mencionar la estrategia de control en la frontera norte, que viene desde tiempo atrás).
 
            Paradójicamente, un gobierno que supuestamente nació de la iniciativa ciudadana, que propugna la participación social como requisito fundamental del cambio, que se presentó como un cuestionamiento a los viejos vicios del sistema político, es hoy rehén de la institución menos civilista y democrática del Estado.
 
            Es muy posible que el gobierno obtenga réditos coyunturales luego del 30S; pero quien realmente perdió fue la sociedad. Completamente ausente del conflicto, desmovilizada bajo la falsa creencia de que el gobierno “revolucionario” la sustituye, sin ninguna identificación política con el proyecto de Alianza País, permaneció impasible a la espera de que los militares alzaran o bajaran el pulgar.  No puede ser más obvio dónde finalmente radica el poder en el Ecuador.
 
 
¿Quién acumula?
 
            En todo sistema basado en la existencia de clases antagónicas, la estructura de poder está íntimamente relacionada con el régimen de acumulación. Para el caso que nos compete, la diferencia del esquema de poder es que en los Estados Unidos los jerarcas militares tienen intereses de clase perfectamente definidos, mientras que en el Ecuador la alta oficialidad sigue siendo (salvo contadísimas excepciones) un grupo subordinado al real poder económico, sea este nacional o transnacional. En los Estados Unidos el negocio de las armas es un dinamizador fundamental de la economía, y los productores de armamento se comportan como cualquier otra empresa capitalista; los directorios de estas compañías están integrados por un buen número de generales retirados, muchos provenientes de clanes o familias adineradas, lo cual permite que el poder militar se sustente en y se articule al poder económico-financiero, en función de un régimen de acumulación fácilmente identificable. El discurso de la soberanía y la seguridad nacionales como valores supremos de toda la sociedad es perfectamente compatible con la rentabilidad de la industria militar y, por ende, con el enriquecimiento de sus accionistas.
 
            En el caso ecuatoriano, en cambio, la ambigüedad y el mimetismo de los grupos de poder económico impiden identificar a los beneficiarios del actual proceso de acumulación, el cual está siendo en gran medida intermediado por el Estado. Según algunos analistas, con el actual gobierno se ha producido un viraje a favor de del sector rentista/financiero/importador, el cual constituiría un nuevo bloque de poder; otros sostienen que el patrón de acumulación se mantiene, finalmente, en beneficio del capital transnacional, básicamente de la telefonía y el petróleo; otros señalan que se está produciendo un fenómeno de reconstitución de las élites alrededor del gobierno de Correa, aunque todavía no se podría hablar de una burguesía moderna que logre hegemonía frente a los grupos oligárquicos tradicionales. En lo que todos coinciden –tanto aquellos analistas críticos con el gobierno como sus defensores– es que hasta ahora las estructuras de poder en el Ecuador no han sido afectadas en los más mínimo. Según la opinión de un alto funcionario del régimen, el modelo de acumulación que se mantiene vigente es el urbano-monopólico, al cual se han integrado sectores empresariales agrícolas. A lo mucho se podría hablar de una modernización sin reforma.
 
            Quizás el factor que más dificulta la comprensión del actual proceso sea la propuesta de recuperación y fortalecimiento del Estado como condición previa para la transformación social. Esta propuesta, enarbolada por la izquierda más arcaica, que ha sido cuestionada por los teóricos marxistas más sobresalientes de los últimos tiempos –aunque todavía no ha sido debatida con seriedad en el Ecuador–, actúa como una pantalla que permite alterar las imágenes gracias al juego de luces de la retórica radical o gracias a la tramoya de las movidas coyunturales. ¿Qué realmente ocurre detrás de la pantalla o, mejor dicho, detrás de las políticas de Estado que propician un determinado modelo de acumulación capitalista?
 
            En ausencia de una sociedad activa y organizada, las dinámicas del poder se siguen resolviendo en los entretelones de la política formal. Por ejemplo, para sacar del atolladero iniciativas legislativas y leyes, Alianza País ha preferido los pactos parlamentarios antes que las alianzas con los movimientos y organizaciones sociales. Así ocurrió con leyes como las de Educación Superior, Ordenamiento Territorial, Producción o Servicio Público. La falsa idea de una sociedad incapaz, inmadura e ignorante persiste a tales extremos que hoy se pretende pasar un reglamente para las organizaciones de la sociedad civil totalmente inconsulto, inconstitucional y antidemocrático. ¿Significa esto que para el proyecto de gobierno es imprescindible la subordinación del conjunto de la sociedad a un itinerario fijado desde las alturas? ¿Reeditamos la consuetudinaria elitización de la política nacional, ahora parapetada detrás del Estado y de una retórica progresista?
 
¿Socialismo sin sociedad?
 
            La nebulosidad de intereses al interior de Alianza País como espacio político impide precisar las contradicciones y los conflictos de poder que están en juego. El partido de gobierno no es una confederación de grupos y tendencias únicamente debido al pragmatismo que le demandó el vertiginoso proceso de conformación electoral; lo es porque, a falta de un escenario integral donde converjan los actores políticos –como corresponde a una sociedad moderna–, se ha convertido en el principal espacio de confrontación política del país. En cierta forma, la Asamblea Nacional resulta una pantomima al lado de un encuentro del buró político de Alianza País o de una reunión del círculo íntimo de Carondelet, donde se toman las decisiones efectivas. Por ello no sorprende que grupos oligárquicos monopólicos y políticos de derecha compartan mesa con militantes de izquierda y con dirigentes sociales, expresen sus discrepancias, negocien políticas públicas y leyes y hasta provoquen enfrentamientos cercanos a la ruptura, sin necesidad de salir a la escena pública. Los conflictos de poder, es decir la política nacional, se resuelven dentro de los linderos del oficialismo.
 
            Por ahora, rupturas, divisiones o disidencias al interior de Alianza País lucen improbables, puesto que una eventual separación del movimiento implica, en la práctica, una proscripción de la política nacional. Ello explica la existencia y la conformación de distintos grupos a su interior, que expresan diferencias de fondo pero que en última instancia, por instinto de supervivencia, seguirán sometidos a la autoridad de Correa y del pequeño grupo que realmente detenta el poder… salvo que las decisiones presidenciales pasen de castaño a oscuro, como está ocurriendo con la convocatoria a consulta popular. Las dificultades, demoras y postergaciones para presentar las preguntas de la consulta evidencian profundas discrepancias al interior del partido del gobierno y del movimiento oficialista. Las desafiliaciones individuales confirman la insatisfacción y el hartazgo de ciertos asambleístas con la sumisión que exige el poder.
 
            Nada de esto asombraría si no fuera porque de por medio está el fracaso de la construcción de un proyecto de izquierda asentado en la sociedad y no en la burocracia pública (ahora entendida como sinónimo de socialismo). Largos años de intensa movilización social, que derivaron en las multitudinarias protestas que destituyeron a tres presidentes, presagiaban una salida política más afirmada en el fortalecimiento de la sociedad como principal actor político del cambio, y no en la suplantación tecnocrática de las organizaciones y movimientos sociales.
 
            Mutatis mutandi, los levantamientos indígenas y el movimiento forajido pudieron haber sido una fuente de inspiración similar a la que encontró Marx en la Comuna de París; es decir, la expresión más tangible de que el socialismo se construye prioritariamente con la sociedad, no con los aparatos que la remplazan (ya sea el partido o la burocracia del Estado). Es más, la célebre concepción leninista de la utilización del Estado como tutor y motor de la transición socialista, que fue llevada a extremos aberrantes por Stalin, está considerada por muchos estudiosos como la principal causa del fracaso de los modelos desarrollados en Europa del este.  Hoy mismo Cuba está padeciendo el anquilosamiento de la burocracia estatal y partidista en su intento por aplicar un giro de timón que la salve del marasmo.
 
            En este mismo sentido hay que analizar la reciente ola de protestas provocada en Bolivia por el denominado “gasolinazo”. Puede ser cierto que algunas acciones hayan sido promovidas por grupos interesados de la derecha, tal como lo denunció Evo en un intento por atenuar la gravedad de los hechos; pero esas son declaraciones de política diaria. Lo de fondo es lo más complicado. Según la analista de izquierda Isabel Rauber, lo verdaderamente preocupante es el paulatino divorcio que se ha venido produciendo entre una élite tecnocrática de gobierno, que se cree ungida por la revolución, y las organizaciones sociales que llevaron a Evo a la presidencia, y que son las que realmente pueden darle contenido y sostenibilidad a un proceso de transformación social. Afortunadamente –señala la analista– el estallido obligó al gobierno a replantear su estrategia de conducir el proceso prescindiendo de las bases sociales. Para ello ha sido fundamental la trayectoria y el origen político del presidente, sumados a esa atávica sabiduría indígena que permite escuchar a los otros y reconocer la superioridad ajena.
 
Más que por las supuestas similitudes de ambos procesos, lo sucedido en Bolivia es importante para nuestro país por las reflexiones de fondo a que nos obliga. La falsa idea de que la agenda y los tiempos del gobierno no pueden detenerse a considerar los ritmos más lentos de la construcción colectiva produce réditos inmediatos, pero sacrifica el futuro. Acelerar los cambios pasando por encima de la participación popular es una ilusión tecnocrática refundacionista, un delirio revolucionario de quienes pretenden provocar hechos “históricos sin precedentes” desde las oficinas públicas, desde los informes oficiales o desde la propaganda gubernamental.
 
Nuevos conceptos para nuevas épocas
 
            La compleja relación entre Estado y sociedad, que surge sobre todo durante la modernidad, necesita ser dilucidada desde un análisis serio de los hechos históricos y políticos[4].  La doctrina del tutelaje estatal ha derivado en propuestas que, a la luz de la evolución contemporánea de las sociedades, pasan de ser progresistas a ser francamente retardatarias.  Una de ellas es la redistribución de la riqueza que, en su misma etimología, parte de la noción de un “distribuidor”, cuya responsabilidad se le asigna al Estado en calidad de “buen padre” que reparte los bienes de manera justa y equitativa entre sus hijos (resulta inevitable encontrar en esta visión coincidencias con la vieja fantasía medioeval del “rey bueno”, preocupado indistintamente por todos sus súbditos).
 
El problema es que el Estado no es neutro y, por lo tanto, tampoco es imparcial, justo ni equitativo. Está integrado por instituciones imperfectas o deficientes, por personas con intereses concretos, por representantes directos e indirectos de grupos de poder económico, por mafias burocráticas, etc. El Estado refleja conflictos de poder concretos y palpables, que no pueden ser resueltos a favor de toda la población por la simple intervención de un gobernante honrado imbuido de buena voluntad. En principio –y haciendo una simplificación extrema de las tesis de Marx–, la riqueza que produce la sociedad en su conjunto le pertenece a esa sociedad como conjunto. Si las estructuras sociales desiguales provocan una sistemática expropiación de dicha riqueza a favor de unos pocos, la opción no es buscar quien magnánimamente la redistribuya, sino lograr que la sociedad se reapropie de la misma y, sobre todo, que se apropie del proceso de producción permanente de riqueza. En ello radica la democracia y, en consecuencia, el socialismo: es el poder de la sociedad para decidir sobre el destino de los recursos generales.
 
Pero esta utopía únicamente es viable fortaleciendo a la sociedad, sobre todo a la sociedad organizada desde abajo, desde procesos y experiencias autónomos y recurrentes.  Esta es la observación que desde la izquierda se le ha hecho a Evo Morales luego del gasolinazo, y que le calza aún más al gobierno de Correa. Criminalizar la protesta social, enjuiciar a los dirigentes indígenas, controlar a las organizaciones de la sociedad civil o estigmatizar a los movimientos de base contradice esta aspiración y, peor aún, impide la construcción de un nuevo tipo de institucionalidad y legalidad basadas en una auténtica participación social.
 
 
Enero 2011
 


[1] Este artículo, publicado en la revista Tendencia número 11 de febrero y marzo del 2011, ha sido elaborado a partir de las intervenciones de un amplio grupo de analistas en el conversatorio “Balance político del gobierno de Rafael Correa”, realizado el pasado 14 de diciembre por invitación del ILDIS y la Revista La Tendencia. Debo expresar mi reconocimiento a todos los participantes; las principales ideas son aportes suyos.
[2] Analista político independiente, ex dirigente de Alfaro Vive Carajo. Ex asesor en la Asamblea Constituyente de Montecristi.
[3] Bob Woodward, Obama’s War, Simon & Schuster, New York, 2010.
[4] A propósito se puede revisar un corto ensayo que escribí en junio de 2009,  titulado El complejo de lazarillo: ¿necesita la sociedad civil un gran Estado tutelar?

domingo, 27 de febrero de 2011

MONTECRISTI VIVE: Asambleistas, Ex-asambleistas y personalidades visitarán Montecristi

El Comité de Defensa de Derechos Humanos de la ciudad de Montecristi, invita a la comunidad Manabita y ciudadanía en general para el martes 1 de Marzo del 2011, a partir de las 15h00 en la ciudad de Montecristi; para recibir al Economista Alberto Acosta, Ex Presidente de la Asamblea Constituyente, y varios  asambleístas como Betty Amores, Rosa Elena de la Torre, Fernando Vega, Gustavo Darquea, Pedro Morales, Marcos Martínez, Gorki Aguirre, entre otros, a más de personalidades como Manuela Gallegos. 
 
Este grupo visitará el mausoleo del General Don Eloy Alfaro, honrando el símbolo con un acuerdo floral;   a las 16h00 dará una rueda de Prensa acerca de la consulta Popular  y luego se realizará un fórum abierto sobre el tema; acto que lugar en el  Teatro Municipal “Víctor Veliz Macías” frente a la Basílica Menor de la Iglesia “Virgen de Monserrat” de Montecristi, ubicada en la calle “Sucre”.
 
Destaca además la activista defensora de los derechos Humanos, que el ex presidente de la Asamblea y los varios constituyentes, se referirán acerca de la situación Constitucional, Referendo y otros tópicos del momento.
 
Insiste de manera cívica y humana la asistencia  del público Manabita y ciudadanía en general e interesarnos en tan importantes temas.
   
                                      
                               Presidenta Comité Def.DD.HH.Montecristi